Análisis de las 243 ponencias del parlamento abierto revela dos Méxicos contrastantes: uno que ve el agua como capital concesionable y otro que la defiende como derecho colectivo. Mientras el norte exige certidumbre para la producción, el centro-sur reclama autonomía para sus sistemas comunitarios basado en un enfoque de derechos.

Las comunidades gestionan el agua donde el Estado no llega. Exigimos una Ley General de Aguas con participación comunitaria, justicia hídrica y derechos humanos.

Más de 60 participantes de 14 escuelas y 4 municipios se reunieron para fortalecer el trabajo de los Comités de Ambientes Escolares Saludables (CAES), en el marco del programa Agua Segura en Escuelas (PASE) de Cántaro Azul.