Convocamos a ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la discusión de los amparos en contra de la Ley de Aguas de Querétaro, en aras de garantizar los derechos humanos al agua, al saneamiento y a la sustentabilidad hídrica.
En el año 2022, promovimos diferentes amparos en contra de la Ley de Aguas de Querétaro, una ley impuesta, retrógrada, que fue aprobada sin consulta, pese a la protesta ciudadana.
Nos amparamos en contra de la Ley de Aguas de Querétaro puesto que deliberadamente ignora el reconocimiento constitucional de los derechos humanos al agua y al saneamiento, además anula su interdependencia con otros derechos.
Nos amparamos porque es una Ley completamente descontextualizada de la crisis hídrica y de la prioridad de que nuestros nuevos marcos normativos sean una de las bases para revertir la situación.
Ninguna ley en materia de agua puede ahora en estos días de decisiones eminentes en materia ambiental, dejar de lado el derecho humano a un ambiente sano, el cuidado del agua, su reuso y la protección de sus fuentes. No se debe dejar de lado la sustentabilidad.
Ninguna ley estatal debería dejar de garantizar la distribución equitativa del agua, cerrar la participación ciudadana y mucho menos ampliar la brecha de desigualdad. Ninguna ley tendría que promover el lucro a partir de la crisis.
Nos amparamos porque las leyes que necesitamos ahora y de manera urgente deben procurar revertir la crisis hídrica, deben promover, garantizar y proteger los derechos de las poblaciones en mayores condiciones de vulnerabilidad en todo momento, incluyendo en las contingencias como son las sequías. Es decir, necesitamos leyes acordes a los contextos que retomen las lecciones aprendidas y que procuren la justicia hídrica.
Nos amparamos porque si permitimos que la Ley de Aguas de Querétaro avance, en un futuro muy próximo, estaremos afectando de forma irreversible a la población de Querétaro y la de otros Estados, porque se necesitarán presas, trasvases o excavar pozos más profundos para solventar la falta de agua que provoca la dinámica que ésta entraña: la urbanización salvaje.
Nos amparamos para poner un alto a quienes bajo el mote de especialistas han hecho de la maquila de leyes un negocio que pervierte el conocimiento, que corrompe el Estado de derecho y que compromete el desarrollo del país, pues entregan el agua de la nación como un simple insumo inagotable a los postores que les pagan esas leyes.
La Ley de Aguas de Querétaro, sin duda, provoca la falta de armonización de nuestros marcos normativos, provoca una profunda injusticia porque impide que los derechos humanos al agua y al saneamiento que en rigor tendrían que ser judicializables desde hace diez años, no lo sean de manera efectiva.
La atención que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dé a los amparos en contra de la Ley de Aguas de Querétaro es fundamental para activar los diálogos impostergables que deben procurarse en materia derechos humanos interdependientes y de sustentabilidad hídrica ante la situación actual de urgencia que nos convoca la crisis de este bien común.
Confiamos en que la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández marque la pauta de la suma relevancia de atender la discusión para dar coherencia al marco legislativo en materia de agua y saneamiento del país. Confiamos en que el caso sea de interés de los ministros y ministras puesto que sabemos que han promovido sentencias que son referencia para afianzar el derecho ambiental en la práctica cotidiana del ejecutivo y para fortalecer los cimientos de la nación desde el legislativo.
Por lo tanto, convocamos a las ministras y los ministros de ambas salas: Jorge Mario Pardo Rebolledo, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ana Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek, Luis María Aguilar Morales, a que revisen los amparos puesto que tienen el mérito de poner en el centro los derechos humanos en su interdependencia y la sustentabilidad que es el corazón del derecho ambiental.
Nuestra petición es que hagan suyo el tema, que escruten el asunto, permitan que éste discurra en la Suprema Corte, puesto que el país requiere esta discusión en su seno, necesitamos sus argumentos para hacer efectivos los derechos humanos al agua y al saneamiento.
Firmantes
Francisco Landa, representante estatal de Nosotrxs en Querétaro y vocero del Festival Agua que Corre
Fermín Reygadas Robles Gil, Cofundador y Director General, Cántaro Azul
Mónica Olvera Molina, Directora de la Estrategia de Cambio Sistémico, Cántaro Azul
Bernardo Romero, integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos UAQ
Claudia Romero, Coordinadora de Incidencia, Bajo Tierra Museo del Agua
Víctor Méndez, Colonos de San Isidro