Para este comunicado nos alientan las palabras pronunciadas por la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, Presidenta del Poder Judicial de La Federación, en el contexto de la Conferencia de la ONU sobre el Agua 2023, llamando a que los tribunales resuelvan
siempre con perspectiva de justicia hídrica, haciendo valer el interés público implícito en el uso sustentable, la conservación y la restauración de los recursos hídricos por encima de intereses privados o de cualquier otro interés contrario al bien mayor de los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza, que dependen del agua segura y suficiente, con un enfoque de justicia intergeneracional.
Entre 2017 y 2022, los movimientos populares y vecinales relacionados con la defensa del agua aumentaron significativamente en Querétaro, encabezados por comunidades que carecen de acceso al agua, condóminos afectados por abusos en el abastecimiento privado del agua potable y grupos ambientalistas en respuesta a la invasión de áreas ecológicas.
En este contexto, en mayo de 2022, en medio de protestas sociales y sin participación
ciudadana ni consulta pública e informada, se aprobó la Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro. Aunque esta ley fue rechazada por instituciones académicas, organizaciones de derechos humanos, agrupaciones feministas, estudiantes universitarios, grupos ambientalistas y población en general debido a que dota de legalidad a un modelo particular de gestión hídrica cuyos impactos negativos han sido ampliamente documentados por prensa y academia, dejando desprotegidas a las fuentes de agua contaminación y sobreexplotación; los distintos poderes y organismos autónomos del Estado rechazaron, respectivamente, las peticiones de parlamento abierto, veto y acción de inconstitucionalidad.
Las peticiones, respaldadas por juristas de distintas casas de estudios, incluido el IIJUNAM, dos ex ombudsman locales y reconocidas personas defensoras de derechos humanos, con acompañamiento de la Red Escazú Ahora, la Oficina del Alto Comisionado para los derechos humanos en México, el Relator Especial de las ONU para los derechos al agua y al saneamiento y la Red Internacional de Derechos Humanos, no fueron consideradas. Por el contrario, la protesta fue estigmatizada, reprimida y criminalizada, como recientemente reconoció la Defensoría de Derechos Humanos del Estado en su recomendación (254) 1/2023.
En el clima de violencia estructural, injusticia hídrica, incertidumbre, indefensión y violaciones sostenidas de derechos humanos al agua y al saneamiento que permea la entidad, la legislación aprobada es y seguirá siendo catalizador de conflictos, que están provocando despojo y desplazamiento forzado. Pese a la existencia de un entramado legal e institucional, en los últimos 10 años la justicia no ha llegado a las comunidades como Santiago Mexquititlán, la Pradera o San Isidro. En este último caso, la Defensoría de Derechos Humanos calificó la queja como posible violación a la seguridad jurídica y al derecho de petición, sin mencionar el derecho al agua pese a ser el corte arbitrario del suministro el principal hecho denunciado. El nivel de evasión y de omisión en estos y otros casos, refleja la captura y cooptación de las instituciones estatales en cuyas manos hasta ahora ha quedado la restitución de derechos.
Con el objeto de promover la protección del derecho humano al agua y al saneamiento para todas las personas en Querétaro, hemos solicitado a las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejerza su facultad de atracción para resolver sobre el Amparo en Revisión que interpusimos como personas afectadas por la entrada en vigor de la ley antes citada, misma que ha sido señalada en al menos 8 juicios colectivos de amparo.
Considerando que la mencionada ley consagra la posibilidad material de mercantilizar los servicios del agua en Querétaro, además de que obstaculiza el derecho de participación ciudadana y carece de mecanismos de protección de las personas usuarias del agua.
Previamente interpusimos el recurso de amparo para que el Poder Judicial de la Federación resolviera en favor de la protección de esos derechos y declarara inconstitucional la mencionada norma. Sin embargo, el juez de la causa determinó desechar la demanda, argumentando que la sola entrada en vigor de la ley no nos afecta, y que no nos asiste interés legítimo para interponer esa demanda de Amparo como usuarios de los servicios del agua. Después de impugnar dicha resolución, el Amparo en Revisión fue remitido al Tribunal Colegiado, donde se encuentra en estudio.
Con la petición que hemos hecho al más alto tribunal del país tenemos confianza de que habrá de prosperar nuestra demanda y que se protegerán los derechos humanos al agua y al saneamiento de todas las personas en Querétaro, evitándose con ello las injusticias futuras que acaecerán de prevalecer el actual modelo.
Nuestra convicción se apoya en los 10 principios de la Declaración de jueces sobre Justicia Hídrica (Brasilia, 2018), así como el contenido de la resolución adoptada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Amparo en Revisión 543/2022 en el que asienta que para acreditar el interés legítimo en asuntos ambientales o del agua, basta con «habitar o utilizar su "entorno adyacente", es decir, zonas o espacios geográficos en los que impactan los servicios ambientales que prestan los ecosistemas y que benefician a los seres humanos y al propio medio ambiente».
Francisco Landa, representante estatal de Nosotrxs en Querétaro y vocero del Festival Agua que Corre
Fermín Reygadas, director de Cántaro Azul
Bernardo Romero, integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos y coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos UAQ
Claudia Romero, coordinadora de incidencia de Bajo Tierra Museo del Agua
Víctor Méndez, Colonos de San Isidro