Organizaciones comunitarias y asociaciones civiles pertenecientes a redes en defensa del agua de diferentes estados de la república, entre las que se encuentra Cántaro Azul, hicieron un llamado urgente para lograr el reconocimiento constitucional de la gestión comunitaria del agua en el país. En el contexto de los 100 compromisos de gobierno, anunciados por la presidenta Claudia Sheinbaum, el 9 de octubre realizaron una conferencia de prensa y redactaron un pronunciamiento para dar cuenta de la ausencia de este tema fundamental en las propuestas del nuevo gobierno.
En la ocasión recalcaron que la gestión comunitaria del agua es una práctica histórica, que ha permitido brindar servicios de agua y saneamiento en zonas donde los gobiernos municipales han fallado. Sin embargo, acusan que esta labor se encuentra marginada, precarizada y sujeta a la voluntad de los alcaldes en turno.
En este sentido expresaron preocupación por la reserva interpuesta en el dictamen al Artículo 27 de la Constitución, aprobado el 14 de agosto de 2024 en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Dicha reserva, aseguran, desvirtuó el sentido original de la reforma del reconocimiento pleno de la gestión comunitaria del agua, otorgando a los municipios la facultad de autorizar, vigilar y revocar la gestión de estos sistemas, amenazando gravemente la autonomía y los sistemas normativos de pueblos y comunidades campesinas e indígenas.
Por otra parte, dieron cuenta de algunos datos importantes que refuerzan aún más la exigencia del rango constitucional para la gestión comunitaria del agua, entre ellos, la existencia de más de 20 mil organizaciones comunitarias que garantizan el acceso al agua y al saneamiento para 25 millones de personas que viven en zonas rurales, periurbanas y marginales.
Al colocar a las comunidades en el centro de la gestión, estas organizaciones demuestran que el agua y el saneamiento deben ser derechos humanos garantizados, no bienes y servicios mercantilizados y privatizados.
Cabe señalar que en el punto 99 del anuncio realizado por la presidenta no se menciona a Chiapas dentro de los principales proyectos estratégicos para garantizar el acceso humano al agua, aun cuando menos del 35% de su población cuenta diariamente con el vital elemento. Esta situación se agrava aún más en localidades rurales del estado, donde la falta de acceso al agua obliga a mujeres, niños y niñas a recorrer largas distancias a pie, para abastecer a sus familias, lo que implica poner en riesgo su seguridad y su salud.
Finalmente, las organizaciones adscritas al pronunciamiento solicitaron audiencia con la Presidenta Claudia Sheinbaum con el objetivo de promover el reconocimiento constitucional de la gestión comunitaria del agua, además de la instalación de una mesa técnica con las y los legisladores para exponer el tema y lograr la corrección en el texto del dictamen, ya que la reforma del artículo 27 constitucional, aseguran, debe reconocer la gestión comunitaria y poner en el centro a las personas, los pueblos, las comunidades campesinas e indígenas y a la nación.