El pasado 20 de mayo de 2022, los diputados del congreso del estado de Querétaro aprobaron la Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro. Un día después, esta ley fue publicada en La Sombra de Arteaga (periódico oficial del estado de Querétaro).
Cientos de personas han salido a manifestarse en contra de dicha ley. La ausencia de un parlamento abierto es el principal argumento que organizaciones de la sociedad civil presentan sobre la forma en que fue aprobada. Sin una discusión amplia y sin la participación de la ciudadanía, academia, pueblos originarios, esta ley fue construida, dictaminada y aprobada. La ausencia de la participación ciudadana en la construcción de una ley que regula un tema tan importante como lo es el agua, es razón suficiente como para que sea derogada y se inicie un proceso verdaderamente democrático en donde se escuchen las diversas voces de la sociedad.
Es necesario que haya un proceso de parlamento abierto, donde los distintos sectores de la sociedad expongan los diagnósticos que tienen sobre el tema del agua, y donde también realicen propuestas que se puedan traducir en el marco normativo que regule la Ley de Aguas de Querétaro.
Diferentes colectivos de Querétaro han manifestado que están preocupados por algunos artículos que hablan sobre que la suspensión del servicio de agua potable sería discrecional por parte de los organismos operadores del agua. Además de que se tiende a otorgar todo el poder y la responsabilidad del servicio a dichos sistemas, que se pueden concesionar y por ende quedar en manos del sector privado.
La población manifiesta que esta ley no se construyó con la intención de que se garantice el derecho humano al agua y al saneamiento, sino con la intención de normativizar un negocio lucrativo, sobre todo para grupos relacionados con el sector inmobiliario, que es el de suministrar el agua a los hogares y la industria. Por esta razón la oposición a la ley es amplia, y ha sido rechazada por distintos grupos de la sociedad.
Nuestra tarea como organización que se dedica a garantizar el cumplimiento del derecho humano al agua y saneamiento, debe ser buscar que todo instrumento jurídico que se cree entorno al agua, integre una perspectiva de derechos humanos y sea a través de un proceso democrático, donde se utilicen mecanismos de participación ciudadana para su creación y validación.
La Ley de Aguas de Querétaro es una llamada de atención de lo que puede suceder cuando se apruebe la Ley General de Aguas a nivel federal. Un ejemplo del conflicto social que se puede generar cuando las instituciones del gobierno no escuchan las demandas y las opiniones de la ciudadanía, y también de que si la ciudadanía no tiene un compromiso activo porque se respete su derecho al agua, este derecho puede no quedar garantizado.
La lucha por la vida y por el agua es permanente, y hoy esta lucha se da en Querétaro. Los invito a que se mantengan informados sobre lo que sucede por esta entidad federativa, y que apoyen y participen, en la medida de sus posibilidades, en exigir que se derogue la Ley de Aguas de Querétaro, y se construya una ley con un amplio consenso social.