Hacer visible tanto la realidad de comunidades sin acceso al agua ni saneamiento, como las fallas estructurales para la participación de las y los defensores de derechos humanos y comunidades rurales e indígenas en los espacios de toma de decisión, y amplificar la voz de la sociedad civil organizada que exige se fortalezca la gobernanza del agua fueron tres de los principales objetivos de 16 personas pertenecientes a distintas organizaciones de 7 países, entre ellos: Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Bolivia, Perú y México, participantes en la Conferencia del Agua de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), desde la plataforma de articulación para la incidencia latinoamericana Redes del Agua.
En el evento internacional dedicado al agua más importante en 46 años, llevado a cabo del 22 al 24 de marzo en la ciudad de Nueva York, se buscó contribuir en poner los derechos humanos de las personas al centro y reducir las desigualdades estructurales, tanto en el acceso al agua y al saneamiento como en la toma de decisión sobre este bien común.
Asimismo, como parte de la Coalición Efecto Mariposa (Butterfly Effect), la delegación de Redes del Agua se pronunció para pedir el fortalecimiento de la gobernanza del agua internacional y posicionó tres peticiones: reuniones intergubernamentales periódicas, el nombramiento de enviado especial para el agua y declarar la crisis mundial del agua en la ONU.
Redes del Agua fue seleccionado como portavoz en 2 de los diálogos interactivos y dio seguimiento a las plenarias oficiales de la Conferencia, además co-organizó la presentación de testimonios presencial y dentro de la campaña digital «Escuchando a los no escuchados» (#HearingTheUnheardHRWS) para amplificar las voces de poblaciones marginadas que luchan por sus derechos; así como en el lanzamiento del Manifiesto de Justicia del Agua. También, sobre la implementación local de los derechos al agua y al saneamiento y la salud menstrual.
El Manifiesto Justicia del Agua, firmado por más de 600 000 personas y más de 500 organizaciones de todo el mundo, fue entregado en un evento en vísperas de la conferencia a Nathalie Olijslager, Directora del programa de la Conferencia por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos (país coorganizador de la Conferencia); a José Francisco Callí Tza, Relator Especial en derechos de los Pueblos Indígenas; y a Pedro Arrojo, Relator Especial para los derechos al agua y saneamiento, con presencia de su predecesor Léo Heller.
La Red de Justicia del Agua de África, Comunidades Azules, Efecto Mariposa, Coalición Eau, Red Ecuménica del Agua, Terminar con la Pobreza del Agua (EWP), Movimiento Europeo del Agua, Red Mexicana de Acción por el Agua (FANMex), Plataforma de Acuerdos Públicos y Comunitarios de Las Américas, Servicios Públicos Internacionales, Redes del Agua Latinoamérica, RED VIDA, y Simavi se encuentran entre las redes que impulsaron el Manifiesto. Gracias al empuje de sus promoventes, el Manifiesto pasó de una propuesta off side a ser leído en el Pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas y bien recibido por algunos países como Colombia, México, Bolivia y España.
En reunión con Ilze Brands Kheris, subsecretaria General de Derechos Humanos, se expusieron los problemas estructurales que dificultan la participación de las comunidades y pueblos indígenas en las reuniones de Naciones Unidas, desde la dificultad de los visados y la constitución legal de sus organizaciones pero también la falta de tiempo y espacios para que los que sí lograron asistir, pudieran hablar.
Durante la Conferencia, la delegación mexicana de Redes del Agua sostuvo una reunión de trabajo con Martha Delgado, Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y derechos humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la cual los representantes de las distintas organizaciones expusieron la importancia de posicionar a nivel global la gestión comunitaria como una de las soluciones para reducir la desigualdad de acceso al agua y saneamiento en las zonas rurales e indígenas y fortalecerla para que se convierta en el modelo a seguir en otras regiones. En esa misma línea, se le presentó la intención de reconocer a la gestión comunitaria a nivel nacional y frente a los representantes de comunidades Patricia Silva López, Glady Domínguez y Eusebio Pérez, gestores comunitarios de Oaxaca y Chiapas, la canciller mexicana se pronunció a favor del reconocimiento de la gestión comunitaria del agua y a impulsarlo en esta administración.
Si bien no era sorpresa que no hubieran acuerdos vinculantes, por no contar aún con un documento de negociación, los resultados fueron demasiado tímidos al contrastarlos con las repetidas veces que los representantes de países mencionaron la urgencia de actuar. Se acordó el nombramiento de un enviado especial por el agua, pero aún falta declarar la crisis del agua al mismo nivel que la climática dado su fuerte vínculo, falta contar con un mecanismo de reuniones anuales que pongan la presión para elevar el agua en la agenda política nacional de cada país y, finalmente, falta contar con un fondo por el agua que permita realizar acciones concretas en las comunidades locales. La conferencia del agua fue apenas el banderazo de salida para incrementar las voluntades políticas y que a su vez incrementen fondos para llevar a cabo las acciones necesarias de manera inclusiva y colaborativa.